Conferencia de prensa en Abuelas
Durante la conferencia de prensa por la aparición con vida de Santiago Maldonado en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, brindaron unas palabras a los presentes Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación; el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky; la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeyda, la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la abogada de Derechos Humanos e integrante del equipo de abogados de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
Intervenciones
Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
Agradecemos la presencia de la prensa, de los organismos de Derechos Humanos, de los organismos sociales hermanos y esta urgencia en preparar este encuentro es a raíz de un acontecimiento no deseado, un dolor colectivo, que es como punto más importante a tratar por lo que estamos reunidos acá para exigir la Aparición con Vida de Santiago Maldonado.
Otro de los temas que vamos a manifestar es pedir garantías para los testigos de este caso, para los defensores de DDHH, para los miembros de la comunidad, de todo aquél que pueda dar información sobre lo ocurrido a Santiago sin correr riesgo.
Y el tercer punto es convocar a una concentración este viernes 11 de agosto en Plaza de Mayo para la Aparición con Vida de Santiago y repudiar la desaparición forzada de personas en democracia. Esperamos que sea multitudinaria, vamos a pedir que no lleven banderas de identificación política, sino consignas para esta ocasión.
Esto es dramático. Que en la democracia más larga de nuestra historia tengamos que anunciar una desaparición forzada.
Horacio Verbitsky, periodista y presidente del Cels
Buenas tardes, los hemos convocado para denunciar un hecho de extrema gravedad que es la primera aplicación en la Argentina de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, que fue sancionada hace más de 20 años por Naciones Unidas, a iniciativa entre otros países de la propia República Argentina. Es la primera vez que se aplica esta convención, a pesar de que el gobierno nacional ha ofrecido una recompensa por informaciones sobre el paradero de Santiago Maldonado y que el secretario de DDHH y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, nos envió al Cels una nota en la cual se refiere al hecho como “persona extraviada”.
Santiago Maldonado no es una persona extraviada, es un detenido desaparecido cuya aparición exigimos y el gobierno nacional no puede ocultar su responsabilidad en este hecho, por una serie de datos objetivos y también subjetivos y tiene que cumplir con las recomendaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición forzada que ha respondido con la urgencia del caso a la denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales y ha reclamado al gobierno argentino acción urgente del Estado para buscarlo y localizarlo y para identificar a los responsables, tema del cual el gobierno nacional no dice nada porque los responsables son miembros del Estado nacional.
También expresa su preocupación por la integridad física y psicológica de Maldonado y requiere al Estado que adopte una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización; tome inmediatamente todas las medidas urgentes necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la Comunidad Mapuche Pu Lof, de la provincia de Chubut, presente durante la acción represiva. Éste es un dato muy importante, porque esto ocurrió ante un número muy grande de testigos.
El gobierno nacional dice que no está ni siquiera confirmada la presencia del muchacho en el lugar. Esto es falso, está desmentido por los hechos. En primer lugar por los testigos que lo vieron allí y que vieron incluso el momento en que fue detenido, y hasta ahora no han declarado en el tribunal porque tienen miedo, porque este funcionario que dirigió el operativo, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, el Dr. Pablo Nocetti, se ha estado jactando en reportajes concedidos a radios de la zona, de que él personalmente está dirigiendo la identificación, individualización y detención de los miembros de la comunidad, sin intervención de un juez, que él considera no es necesaria, porque se trata de actos de flagrancia.
El único acto de flagrancia aquí, ha sido la irrupción violenta de la Gendarmería en la Comunidad, abriendo fuego con balas de goma y de plomo contra la comunidad. No hay otro acto de flagrancia allí. Lo que había y el gobierno utiliza como pretexto de su intervención, eran cortes intermitentes de la Ruta 40, como parte de una protesta, en la cual los miembros de la comunidad mapuche reclamaban por sus tierras ocupadas por una transnacional italiana, Benetton.
También exige el Comité de Naciones Unidas, que se garantice la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que obran en la investigación, o puedan llegar a serlo y que podrán permitir determinar la situación de Santiago Maldonado y la identidad de las personas responsables de su desaparición.
Esto no se está haciendo como se debe hacer. La efectiva conservación, resguardo y análisis de los elementos, incluye los vehículos de la Gendarmería que fueron utilizados en el operativo y que, de acuerdo a la información suministrada públicamente por el defensor oficial, Machado, que además de estar en el expediente, está grabado en una entrevista pública, la faja de seguridad que el juez impuso a una de las camionetas, fue rota y todos los vehículos de Gendarmería que tienen que ser peritados fueron lavados. Estaban en estado de absoluta limpieza, que según el defensor no se compadece con el uso que se le dio en la Comunidad. El defensor Machado caracterizó el episodio como “desaparición forzada”. Y la fiscal Ávila también. Tanto la fiscal como el defensor, han caracterizado el hecho como desaparición forzada, por lo cual la pretensión del gobierno nacional, tanto por vía de Patricia Bullrich, como de Claudio Avruj, que se trata de una persona extraviada, que tal vez ni siquiera estaba en la comunidad, son únicamente la prueba del encubrimiento del Estado nacional a este hecho, al cual su propia fuerza cometieron.
También exige el Comité que la Gendarmería se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición. Esto es naturalmente uno de los requisitos de los protocolos establecidos por la Convención. Cuando se trata de intervención de una fuerza de seguridad en la desaparición, esa fuerza de seguridad no puede participar en la investigación posterior.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, dispuso, en aplicación de ese protocolo, el apartamiento de la Gendarmería y encomendó los peritajes a la Prefectura Naval, pero los móviles de Gendarmería siguen apostados sobre la Ruta 40, en el acceso a la Comunidad, con una actitud intimidatoria, que contamina absolutamente la investigación.
También exige el Comité que el Estado adopte de inmediato medidas cautelares de protección a favor de los familiares de Santiago Maldonado, sus representantes y los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof, involucrados en su búsqueda que sean necesarias para preservar su vida e integridad personal.
Santiago Maldonado no es mapuche, Santiago Maldonado no es miembro de la comunidad. Es un artesano de la provincia de Buenos Aires radicado hace unos meses en el Bolsón, que ante la detención arbitraria de uno de los dirigentes de la comunidad Facundo Jones Uala, se presentó en actitud solidaria. Él estaba en la comunidad en el momento de la flagrante irrupción de la Gendarmería.
Previo a eso, habían sido detenidas dos mujeres. Una de esas mujeres, reclamó su libertad y dijo que no podía ser detenida por la Gendarmería en la forma en que lo había sido y el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, el Dr. Pablo Nocetti, se presentó y dijo: “Sí, podemos detenerte por seis horas. Y esta intervención es legal”. Él estaba presente en el momento del operativo.
Los hombres en cambio corrieron, ante la irrupción armada de la Gendarmería y llegaron hasta el río. Conocedores del lugar, habituados al lugar, cruzaron el río, pasaron a la otra margen y se escaparon. En cambio, este muchacho, que no es mapuche, no es miembro de la comunidad, y además no sabe nadar, se quedó en la otra margen del río. Los que habían cruzado lo vieron escondido entre unos matorrales, entre los árboles, para que no lo agarraran, pero también vieron el momento en que lo agarraron.
También vieron que lo golpearon, también vieron que se formó una fila de gendarmes para cargar algo, que suponen era el cuerpo de este chico, dentro de una de las camionetas de Gendarmería, que luego se retiró en dirección a la ciudad de Esquel, por lo cual la investigación es muy importante que se centre en el escuadrón de Gendarmería de Esquel.
Esto todavía no ha sido declarado en el expediente por los miembros de la comunidad, porque tienen temor de que la próxima intervención de Gendarmería busque directamente asesinarlos, una vez individualizados, de acuerdo al discurso de Pablo Nocetti, que ellos están individualizando para luego detener. Y ya sabemos por el episodio que pasó en el mes de febrero pasado en la comunidad, donde entraron a los tiros y le reventaron el maxilar a uno de los miembros de la comunidad, con una bala de caucho y tirada a quemarropa, que el riesgo existe.
Entonces, en este momento hay compañeros de la APDH que están en el lugar, compañeros del Cels, el director ejecutivo, y el coordinador del área jurídica, Federico Efrón, están allí. El Cels, aparte del Hábeas Corpus, ha presentado la denuncia por la desaparición forzada, que no es un extravío de persona, que no es un paradero desconocido, que han intervenido fuerzas estatales identificadas, y están en este momento en la comunidad. No tenemos comunicación porque allí no hay señal de celular, pero hace dos horas ingresaban a la comunidad para conversar con sus miembros.
Es imposible exagerar la gravedad de este episodio. La sociedad argentina no puede tolerar que una persona desaparezca en una época de funcionamiento pleno de las instituciones. Y es absolutamente indignante, alarmante e inadmisible que el gobierno se lave las manos, mire para otro lado, niegue su intervención, porque está demostrada acabadamente la intervención de las fuerzas federales y conducida por un dirigente político, que por otra parte, el Dr. Pablo Nocetti, ha sido defensor de confianza, privado, de media docena de represores de la anterior dictadura.
Ha sido abogado defensor del general Naldo Dasso, jefe del área de seguridad de Concordia, Entre Rìos, por casos de desaparición forzada de personas y del teniente coronel Fabio Iriart, que fue el jefe de la represión en la provincia de La Pampa. Nocetti no hizo una defensa técnica, hizo una defensa política e ideológica. Cuestionó la nulidad de las leyes de impunidad; objetó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por sus defendidos y sostuvo que los juicios eran una forma de venganza sin preocupación por la forma jurídica.
Este hombre, que ya hizo en su ejercicio profesional, la exposición teórica del negacionismo y de la justificación de los crímenes de lesa humanidad, ahora está realizando el práctico en la provincia de Chubut.
Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala y Jones Huala
La comunidad fue quien identificó que faltaba Santiago. A las 6 de la tarde, cuando se replegaron los 100 gendarmes del territorio, lo que hicieron fue juntarse y darse cuenta que faltaba Santiago. Él había llegado el día anterior y no conocía a todos los miembros de la comunidad. No conoció a Facundo Jones Uala. Era conocido de uno de los miembros. No sabían ni el apellido de él.
Empezaron a hacer un rastrillaje hasta las 4 de la mañana del día miércoles en el territorio. Cuando salió el sol, el miércoles, continuó ese rastrillaje y lo primero que pidieron fue auxilio para ver qué podían hacer por la falta de este joven. Sabían el nombre y no conocían el apellido. El miércoles a la mañana pudieron tener el apellido, y a partir de ese momento, los promotores de la denuncia, del hábeas corpus, fue la comunidad y llamamos a todo el mundo para que se presentara un hábeas corpus en favor de Santiago.
Recién el miércoles a la tarde pudimos tomar contacto con la familia, porque para nosotros era muy importante que supieran que lo habían estado buscando y que lo seguían buscando; que faltaba una mochila pequeña que tenía él y se la puso en el momento, que ingresaron los gendarmes. Porque lo que comentaba la gente de la comunidad es que se asustaron todos, y en particular Santiago, porque las balas volaban por las cabezas de ellos y eran balas de plomo.
Reconstruyeron exactamente entre toda la comunidad en una reunión, cuáles fueron los hechos. Cada uno había visto una parte e inclusive, la compañera que había estado en la ruta y se había cruzado con Pablo Nocetti. Así pudimos identificar la hora, el día, el momento, qué camioneta, qué tipo de camioneta, qué color tenía, cómo fue que ingresaron algo a esa camioneta. Toda esta información se obtuvo y se puso a disposición de la Justicia, sin hacer una declaración aún, por el temor que tiene la comunidad.
No solamente eso, el Cels pidió medidas de pruebas en el hábeas corpus, entre ellas el rastrillaje y fue charlado con la comunidad. Lo único que pidió la comunidad es que no ingresara Gendarmería, que es una obviedad. Gendarmería sigue apostada en la Ruta 40, en la vera del territorio de la comunidad, donde está en este preciso instante. La Comunidad dijo que no tenía ningún problema en que se hiciera el rastrillaje. Pidió que se coordinara con una o dos abogadas, que entre otras cosas fue amenazada la semana pasada. Lo que sucedió es que el sábado a las 9 de la mañana, Prefectura llegó. Nadie se había puesto en contacto con su abogada, con Sonia Ivanoff, por lo tanto, a partir de ese momento lo único que le pedimos a Otranto fue veeduría de la gente de la APDH. Lograron ingresar, se hizo el rastrillaje. Lo único que no se permitió fue un “drone”, por razones de pautas culturales, que es muy difícil que lo pueda entender drones ventahoy el Poder Judicial argentino.
El rastrillaje dio resultado positivo. Se encontró una boina, se hizo seguimiento con perros. Y una cosa que es muy importante, que también se pudo verificar, que el río tiene suficientes ramas y árboles caídos, que de ningún modo, si se hubiese caído, que es lo que se está diciendo, el cuerpo no hubiese quedado.
Quiere decir que la comunidad, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero desde el minuto uno denunció, pidió auxilio a la Defensoría General de la Nación, al Ministerio Público Fiscal, al Cels, para que se llevaran adelante todas las acciones y que todos tengamos la información que tenemos hoy.