“No al traspaso”: el pedido de Sitraju a la legislatura de CABA
La Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura porteña tratará el proyecto oficial de traspaso de la Justicia nacional a la CABA. Lo que no se trató todavía en el Congreso nacional avanza en el ámbito legislativo de la ciudad autónoma. Transcribimos a continuación la carta remitida por nuestro gremio a lxs legisladorxs porteñxs en la que les explicamos nuestra posición y les pedimos que voten en contra de la transferencia.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017
Señores y señoras legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En nuestra condición de trabajadores y trabajadoras judiciales, a la vez que vecinos y vecinas de la ciudad, nos dirigimos a ustedes a fin de hacerles llegar las razones de nuestro rechazo al pretendido traspaso de la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal al ámbito porteño. De igual modo, les solicitamos que, al momento de la votación en el recinto de la Legislatura porteña y/o en los plenarios de Comisión, rechacen el proyecto oficial, cuyo primer paso fue suscripto por las autoridades máximas de los Poderes Ejecutivos nacional y porteño, a espaldas de la comunidad judicial, en enero de este año, mientras nos encontrábamos en el habitual receso.
¿Por qué rechazamos el traspaso?
Alguna vez el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, señaló que el Poder Judicial “es ideológicamente plural y esto verifica que, afortunadamente, tenemos un pluralismo ideológico interno”. Esa saludable condición, que facilita la convivencia en la juricatura argentina entre magistrados y magistradas de puertos ideológicos variados y visiones del Derecho antagónicas, se encuentra amenazada en el caso de prosperar el proyecto oficial que persigue la desaparición de la Justicia nacional con asiento en la Capital Federal, para traspasarla al ámbito porteño. La transferencia supone la eliminación de esa diversidad, al pretender uniformizar los juzgados y las fiscalías porteños bajo la férrea hegemonía política que el macrismo alcanzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Policía y justicia propias, para reprimir y controlar
Así como el macrismo insistió con la creación de una fuerza de policía propia para el gobierno porteño, que le permita solucionar mediante la represión y la criminalización los conflictos urbanos que genera la brecha social entre ricos y pobres (propios de las grandes metrópolis capitalistas), ahora insta a la fijación de una Justicia adicta, que le facilite las cosas en cuanto a la persecución penal de determinados delitos y el ligero perdón de otros. He ahí la razón fuerza que anima el alocado proyecto de traspasar la justicia penal. Ya no se trata de la firma de convenios puntuales para transferir la competencia en la investigación de determinadas figuras penales, sino directamente el juzgado con sus trabajadores, como si fueran muebles.
¿Por qué no hubo un solo fallo en contra de los aumentos tarifarios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué los amparos a favor de los usuarios fueron concedidos en el interior, por jueces provinciales y/o federales, pero ninguno en un juzgado porteño? Son preguntas que ilustran el implacable control político que el gobierno de la CABA mantiene sobre jueces y fiscales de la ciudad, y que se multiplicaría si a esa Justicia se le sumaran las facultades jurisdiccionales que hoy administra la Justicia nacional.
Hacia una “Buenos Aires papers”
Lxs judiciales lo sabemos bien: la Justicia nacional en manos de jueces y fiscales de la Ciudad sólo se dedicará a perseguir pobres, echar manteros de la vía pública, penalizar con cárcel a los ciudadanos que viven en casas tomadas, y tratar con indulgencia a los dueños de capitales, propiedades y grandes cadenas de negocios. No en vano el traspaso de la Justicia penal a la CABA viene acompañado de la transferencia a la ciudad de las competencias de la Inspección General de Justicia, que actualmente es nacional. El gobierno nacional quiere convertir a Buenos Aires en un paraíso fiscal, sede de capitales especulativos, de dudosa procedencia, y al margen de los controles nacionales. En unos años, quizás, tendremos los “Buenos Aires papers”
¿Qué garantías tendría el interés público si los fiscales del fuero comercial, que ahora frustraron el “acuerdo” espurio entre el Correo y el Estado nacional, dejaran de ser autónomos, como lo es ahora el MPF de la Nación, y fueran nombrados por la legislatura porteña previa elección del jefe de gobierno?
Lo vemos a diario: los fiscales Penales, Contravencionales y de Faltas porteños sólo se dedican a expulsar de la vía pública a los trabajadores informales. Su única razón de ser es perseguir a los pobres y criminalizar la brecha social. ¿Podemos confiar en que un fiscal porteño con facultades para perseguir la violencia institucional, investigue debidamente y sancione a los miembros de las fuerzas de seguridad que balean a los pobres, como ocurrió con los niños de la murga del Bajo Flores? Ya lo vimos en las noches del 7 y 8 de marzo, antes y luego de la masiva movilización por el Día Internacional de la Mujer, cuando la Policía Metropolitana realizó razzias sin ninguna justificación y detuvo decenas de mujeres, por el solo hecho de haber participado de la manifestación y expresar un compromiso público contra la sociedad patriarcal. Ese creciente esquema represivo (violencia institucional, ataque de las fuerzas de seguridad a colectivos de mujeres y grupos vulnerables) se vería potenciado con el eventual control que las autoridades gubernamentales del macrismo ejercerían sobre jueces y fiscales porteños, una vez que les sumen las competencias penales.
La derecha macrista sabe que está de paso por el gobierno nacional. No se trata de hacer futurología; la historia demuestra que las políticas neoliberales provocan calamidades sociales, que recurrentemente se convierten en crisis políticas y vacíos de representación, que finalmente concluyen en nuevos procesos de ofensiva popular y gobiernos progresistas. Con policía, justicia y medios de comunicación afines y/o propios, ese proceso podría volverse más lento.
En la CABA, el distrito más pequeño del país pero con los ingresos per cápita más altos, la ecuación política es inversa. La más grande metrópoli argentina se vuelve más reaccionaria cuanto más populares y democratizantes son las políticas que aplican el Ejecutivo y el Legislativo nacionales. De ahí el apuro por concretar en el primer año de gestión profundos cambios de diseño institucional, absolutamente inconsultos, sin ningún tipo de consenso entre la comunidad que habrá de ejercerlos, que frustran desde el comienzo su viabilidad y razón de ser.
Justicia laboral
Es elemental: para aplicar un plan económico basado en la extranjerización de la economía, la flexibilización laboral, la vulneración de los derechos adquiridos por los trabajadores, la destrucción diaria de miles de puestos de trabajo, la lenta eliminación de la discusión colectiva, la fijación de techos a las paritarias, la conversión de la variable empleo en un factor de disciplinamiento de la clase trabajadora (y no en un motor del desarrollo), la Justicia Nacional del Trabajo, creada durante el primer peronismo y como consecuencia del proceso de creciente industrialización, debe desaparecer.
Al gobierno de los CEO empresariales se le impone la necesidad objetiva de desarticular un fuero que desde su creación tuvo como misión primordial defender los derechos del trabajador, arbitrar a favor de los más desprotegidos toda vez que hubiera un conflicto entre el capital y el trabajo, y poner a resguardo jurídico la relación laboral, sin el cual quedaría a merced del actor más poderoso: el empresariado.
La eliminación del fuero nacional del trabajo equivale, además, a la imposibilidad de que los trabajadores de lugares remotos del país, sin suficiente fuerza sindical, y que trabajan en las condiciones que imponen unilateralmente los empresarios, puedan acceder a instancias de apelación que garanticen la salvaguarda de sus derechos.
Razones gremiales
Los trabajadores judiciales nos reconocemos parte de nuestro pueblo. No somos una elite, ni asumimos como propias actitudes corporativas que la sociedad democrática encuentra muchas veces con razón entres los jueces y juezas. Por ello dejamos para lo último las razones gremiales de nuestro rechazo, porque nos comprenden únicamente a los trabajadores.
Es simple. El traspaso trae aparejada una afectación grave y sensible a nuestro derecho laboral: el inconsulto y arbitrario cambio de empleador para miles de compañeros y compañeras. Ese cambio supone un perjuicio a la carrera judicial, al horario de trabajo y a la cantidad de horas a trabajar, a la remuneración, y al régimen de jubilación. También, a la pertenencia a la obra social, que en el ámbito porteño resulta de un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se renueva anualmente, pero que a partir de la transferencia de miles de afiliados podría reverse. Todo ello sin contar la obvia y precipitada modificación en las tareas que conlleva la transferencia, y que afectará a trabajadores y trabajadoras altamente calificados.
El convenio que Macri y Larreta se apuraron a firmar, en las sombras, durante el receso judicial de enero y de espaldas a la comunidad de jueces, fiscales, defensores y empleados, no garantiza en ninguna de sus cláusulas el respeto por el salario y la estabilidad de quienes ocupan las distintas categorías que componen los escalafones administrativo y de obrero y maestranza, que no son iguales en las justicias porteña y nacional.
Sin dudas, el traspaso de la Justicia nacional a la CABA es parte del ajuste. No está ajeno a la modificación de la ley de riesgos de trabajo, ni a la creciente respuesta represiva del conflicto social, cuya virulencia aumenta a diario. En este contexto, los trabajadores judiciales seremos la primera barrera en esta lucha, que nos excede y comprende a todo el pueblo trabajador.
Señores y señoras legisladoras: tienen ustedes la palabra. No nos defrauden.
SITRAJU Nación CTA
Agustín BRUERA – Secretario General
Demetrio IRAMAIN – Secretario Gremial
Gonzalo SALUM – Secretario General – Seccional Nº 1 MPF de la Nación