AySA no se vende, se defiende

La privatización de AySA pone en manos de un grupo empresario el control de un servicio del que dependen millones de personas. Desde la CTAT defendemos el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano y una condición para vivir en un ambiente sano.
«Cuando en un barrio faltan cloacas, el problema empieza en cada casa y sigue en la zanja, en el suelo y en los arroyos que reciben los efluentes. Cuando falta agua potable, conseguirla lleva tiempo y plata, y el golpe es más duro para los hogares que ya tienen menos. La desigualdad ambiental se ve ahí, en quién puede abrir la canilla con confianza y quién lleva años esperando que llegue la red», dice Alejandro Gianni, Secretario General de CTAT Capital.
Por eso AySA es una empresa estratégica del Estado. De sus plantas, sus redes y el trabajo cotidiano de miles de personas depende el acceso al agua y al saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Depende también una parte del cuidado de los ríos y arroyos que compartimos. «Cada obra de saneamiento que se demora tiene un costo que se acumula en la salud de la población y en el ambiente», asegura Alejandro Gianni..
El Gobierno Nacional adjudicó el 90% de las acciones de AySA a un consorcio privado por 340,2 millones de dólares. La firma del contrato, prevista inicialmente para el 13 de noviembre, fue postergada hasta el 17 de diciembre, según se informó. Los términos de la operación se discuten entre el Gobierno y el consorcio. Las vecinas y los vecinos tienen derecho a intervenir en la discusión sobre las tarifas, las obras y la continuidad del servicio.
¿Quién gana y quién paga?
Una planta de tratamiento o una red de cloacas puede ser indispensable para un barrio aunque su rentabilidad comercial sea baja. Según explica Alejandro Gianni, «si esa obra se posterga, el costo sigue existiendo. Lo pagan las familias que conviven con los desbordes, el sistema de salud que atiende sus consecuencias y los barrios aguas abajo que reciben la contaminación. El negocio queda en manos de unos pocos. Las consecuencias las paga toda la sociedad».
La misma pregunta vale para las tarifas. El marco regulatorio reformado en 2025 contempla el corte del servicio residencial por falta de pago bajo determinadas condiciones y prevé que el ente regulador pueda solicitar su suspensión transitoria cuando un hogar no pueda afrontar la tarifa. «La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Ese derecho se pone a prueba cuando una familia pierde un ingreso y tiene que elegir entre pagar el agua y comprar comida», dice Alejandro Gianni. Por eso, defenderlo exige tarifas que se puedan pagar y una protección que garantice la continuidad del servicio cuando el ingreso no alcanza.
Primero frenan las obras, después justifican la venta
Carolina Ferrari, de ATE Obras Públicas, denuncia una secuencia que desde la CTAT compartimos como preocupación y como crítica política. Primero se desfinancia la obra pública, se frenan proyectos y se debilitan los organismos que deben planificar y controlar. Después se presenta el deterioro como argumento para privatizar. Los propios estados contables de AySA de 2024 registran obras con su ejecución suspendida. Para los barrios que las esperan, detrás de cada expediente hay años de reclamos y problemas que siguen sin resolverse.
El Gobierno anunció obligaciones de inversión por más de 2.000 millones de dólares en los primeros cinco años. «Queremos saber qué obras están comprometidas, dónde se van a hacer y en qué plazos. También quién va a controlar la calidad del agua, el tratamiento de los efluentes y el cumplimiento de las inversiones», destaca Alejandro Gianni. Una vez transferido el control de la empresa, el Estado sigue obligado a garantizar el derecho al agua. Para hacerlo necesita organismos con personal, recursos y capacidad de exigir que se cumplan esas obligaciones.
Defender el agua también es defender el ambiente
Desde la CTAT queremos llevar esta discusión a los lugares de trabajo, los barrios y los concejos deliberantes. Es una tarea que queremos dar junto a Carolina y a las compañeras y compañeros de ATE Obras Públicas, con Adriana, nuestra adjunta, con Alejandro Lach, de la Social, con Pablo Vitta, del Frente Barrial, y con el concejal de Florencio Varela. Quienes trabajan en las plantas y en las redes saben qué hace falta para sostener el servicio. Quienes viven en los barrios saben dónde se inunda una calle, dónde desborda una cloaca y dónde todavía se espera la conexión. Ese conocimiento tiene que pesar al decidir qué obras se hacen primero.
Defender AySA es defender un patrimonio público construido durante generaciones y la posibilidad de decidir colectivamente cómo cuidamos el agua y cómo garantizamos su acceso. Allí donde la red todavía no llega, la prioridad tiene que ser la necesidad del barrio. Allí donde el sueldo no alcanza, la prioridad tiene que ser que la familia siga teniendo agua. Para eso está el Estado.
AySA no se vende, se defiende. El agua es vida.