EXIGIMOS A LARRETA LAS RENUNCIAS DE D’ALESSANDRO Y MAHIQUES. REFORMA JUDICIAL YA!
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022
Este fin de semana asistimos ya no sin asombro, lamentablemente, a un nuevo escándalo que involucra a los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, los empresarios del grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo, el ex jefe de legales de la AFI Leo Bergroth, el Jefe de los Fiscales Porteños, Juan Bautista Mahiques y el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro en el cual presencial en un viaje al Lago Escondido y remotamente mediante un grupo de chats, coordinan desde la falsificación de pruebas, el armado de causas y persecuciones judiciales hasta su difusión en los medios hegemónicos de comunicación.
La estructura decadente de un poder judicial apartado del estado de derecho y combinado con el interés de los poderosos, deja en situación de fragilidad y desprotección del área de justicia a las mayorías populares. Lo padece nuestra compañera Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nuestras organizaciones sindicales y dirigentes, las organizaciones libres del pueblo y el conjunto de la población que no tiene garantías de juicio justo, ergo pone en peligro la propia continuidad democrática.
Apartados de la ley y sin cuidar siquiera las formas y los modos de decoro ético, no queda otro camino para estos personajes que exigirles en el caso de los funcionarios públicos, la renuncia, lo que en el caso de la CABA alcanza a la responsabilidad del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, además de ser investigados y condenados de demostrarse su culpabilidad por tribunales justos.
No es casual que funcionarios judiciales del PRO de la Ciudad de Buenos Aires estén involucrados en este tipo de maniobras. Ya lo han padecido dirigentes como Daniel Catalano, Angélica Graciano, Beto Pianelli, entre otros. Este partido, formante de la Alianza Juntos por el Cambio, hace del Poder Judicial un satélite de su política antipopular.
Asimismo, reafirmamos la necesidad de una reforma judicial profunda para un servicio de justicia democrático, popular y con perspectiva de género, empezando por una nueva Corte Suprema, un Consejo de la Magistratura que funcione y jueces y fiscales que se atengan a derecho y no formen parte del círculo de impunidad del poder.
La justicia de las prisiones preventivas y las medidas cautelares a la medida de los grupos concentrados o la justicia al servicio del pueblo, eso es lo que está en disputa.
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