Frente a la COP31, en defensa del ambiente, el trabajo y la soberanía

Entre el 9 y el 20 de noviembre se realiza en Antalya, Turquía, la COP31. Se trata de la cumbre anual en la que casi 200 países discuten cómo enfrentar el cambio climático. De allí surgió, en 2015, el Acuerdo de París, que compromete a los Estados a evitar que la temperatura del planeta aumente más de 1,5 °C. Este año la discusión gira en torno a cuánto dinero van a poner los países de mayor acumulación de riqueza para el Sur Global, cómo se pone en funcionamiento la transición justa acordada en la edición pasada y cómo se financian las obras que necesitan nuestros pueblos para protegerse de inundaciones, sequías e incendios. La cumbre llega con el respaldo científico de que el límite de 1,5° ya va a ser superado y con Estados Unidos fuera del Acuerdo.
Los países que menos contaminamos somos los que padecemos las peores consecuencias y, además, el financiamiento nos llega casi siempre como deuda. Argentina emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero del mundo pero sufre sequías, inundaciones e incendios cada vez más graves y, en treinta años, perdió el 42% de la superficie de sus glaciares. Con su potencial en energías renovables, su capacidad científica y su peso en la región, nuestro país podría ser una voz fuerte de América Latina para reclamar financiamiento sin endeudamiento y una transición con desarrollo y justicia social.

Pero el gobierno de Javier Milei hizo exactamente lo contrario. En 2024 retiró a la delegación argentina de la COP29 en Bakú, siguiendo a Donald Trump. Llegó a decir que la agenda ambiental es un “fraude” y que el calentamiento global no tiene origen humano, en contra de toda la evidencia científica. En la COP30 en Belém, la Argentina participó con apenas cinco representantes y se dedicó a trabar acuerdos. A la cumbre en Antalya llega con una delegación mínima y con una meta de emisiones presentada tarde y peor que la anterior, que sube el techo de 349 a 375 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2030 y lo deja igual hasta 2035.

Recordemos que este año se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, se disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego y el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego cayó casi un 70% respecto de 2023, mientras la Patagonia se quemaba. A eso se suman el ajuste sobre Parques Nacionales, el incumplimiento de la Ley de Bosques, la privatización de AySA y los intentos de extranjerización de la tierra.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri aplica la misma receta. Impulsa una licitación que abre a empresas privadas la recolección de reciclables y pone en riesgo el trabajo de más de 7.000 recuperadoras/es urbanos organizados en doce cooperativas, que durante dos décadas sostuvieron el sistema de reciclado porteño. Recorta el traslado de más de 3.000 cartoneros del conurbano y el Centro Verde de Barracas, incendiado en 2024, sigue sin repararse. Al mismo tiempo concesiona plazas y parques como el Jardín Botánico en una ciudad con menos de seis metros cuadrados de espacio verde por habitante y aprobó un Código Urbanístico a la medida de los negocios inmobiliarios.

Las y los trabajadores somos los primeros en pagar las consecuencias. Trabajamos con temperaturas cada vez más extremas, perdemos el empleo y la casa cuando llegan la sequía o las inundaciones, y estamos en la primera línea frente al fuego. Por eso valoramos que en la COP30 se haya creado el Mecanismo de Acción de Belém para una Transición Justa. Fue fruto de años de lucha del movimiento sindical internacional y reconoce por primera vez a los sindicatos un lugar en estas negociaciones. Pero una transición justa es imposible con reforma laboral, salarios de hambre y un Estado que se retira. El ajuste ambiental y el ajuste social responden al mismo modelo y los vamos a seguir enfrentando juntos en las calles.
Por todo esto, desde la CTA de las y los Trabajadores exigimos:

1.Que la Argentina permanezca en el Acuerdo de París y presente una meta de emisiones a la altura de lo que indica la ciencia.

2.Que el Mecanismo de Acción de Belém se ponga en marcha con financiamiento real y participación de los sindicatos.

3.Que los países desarrollados paguen su deuda climática con aportes y no con más préstamos.

4.La restitución del presupuesto para el manejo del fuego, los bosques nativos y los Parques Nacionales y la derogación de la reforma de la Ley de Glaciares.

5.Que se frenen la privatización de AySA y los intentos de extranjerizar nuestro suelo tierra.
Nuestros bienes comunes no son mercancías, nuestras vidas tampoco.
¡DEFENDER EL AMBIENTE ES DEFENDER EL TRABAJO!